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Proyecto de ley sobre desarrollo sostenible en el medio rural

El proyecto de ley sobre Desarrollo Sostenible del Medio Rural que se tramita en las Cortes destaca la importancia socioeconómica de este medio porque es origen de los recursos naturales y de las fuentes alimentarias que precisa la sociedad, por ello debiera incluir, además de las ayudas tradicionales, otras medidas para que los sobrecostes que conlleva la actividad rural sostenible sean compartidos entre toda la población beneficiada.
La unidad productiva elemental de la agricultura sostenible, especialmente protegida, será la explotación territorial agraria que el proyecto actual define como aquélla con tamaño inferior a cuarenta unidades de dimensión económica europea (equivalente a cuarenta y ocho mil euros de margen bruto estándar) y además se encuentre localizada en una zona rural prioritaria o de montaña, límites que el Parlamento podrá considerar.
La administración agraria ha incluido entre sus propios fines y cometidos la promoción y fomento para mejorar y adecuar las actividades agrarias, ganaderas y forestales a fin de que resulten compatibles con un desarrollo sostenible del medio rural, teniendo especial sensibilidad hacia las zonas que se designen como prioritarias y las de montaña, y para ello se han previsto dos ámbitos paralelos de actuación que cuando la ley entrara en vigor quisiéramos que tuvieran, entre otros, los siguientes objetivos: primero, atención preferente al profesional agrario, sobre todo a titulares de explotación, a través de la asignación objetiva de derechos productivos o de pago de los fondos o reservas nacionales derivados de la normativa que regula cada sector de producción, así como en la aplicación equitativa de incentivos de la política agraria común para reestructuración sectorial; todo esto no debiera implicar una intervención pública excesiva, pero la regulación aprobada se deberá controlar con seriedad. Segundo, la aplicación preferente de medidas de fomento al desarrollo rural a estos profesionales titulares de explotación agraria sobre todos los demás, a fin de mantener un campo vivo, productivo y con futuro; pero estas ayudas también tendrán una vertiente especial para fomentar la producción ecológica, y además se prevén incrementos subjetivos cuando entre los titulares haya cooperativa, mujer o joven agricultor. Para las mujeres profesionales se han previsto medidas de acción positiva que, en cada caso, debieran definirse mediante parámetros objetivos, para que puedan justificarse y suponer algo más que una mera cuota nominal que garantice la dignidad femenina en el ámbito de la profesión agro-rural.

La actuaciones que prevé el proyecto se definen incluidas en programas plurianuales de desarrollo rural sostenible, con acciones de fomento al sector agrícola, ganadero y forestal que propicien el desarrollo sostenible como apoyo y dotación de servicios a la población rural, a lo que podría añadirse que incluyan, en todo caso, un grado de calidad en satisfacción y resultados que pueda ser razonablemente equiparable a la que se percibe en la ciudad. Para ello se proyecta mejorar infraestructuras y equipos básicos, que aunque ya estaban previstos en la normativa actual, será bueno si algo ganan en eficacia y coordinación; también vuelve a incluirse el apoyo a la diversificación económica en el campo, pero ahora teniendo en cuenta las medidas aprobadas de planificación ambiental en el marco de un plan estratégico nacional del patrimonio natural y la biodiversidad que debiera plantearse para estimular a profesionales que cumplen las exigencias medioambientales teniendo en cuenta que aplicar la normativa de residuos, medio ambiente y producción sostenible conlleva un sobrecoste que no es justo que sea soportado en exclusiva por este sector, sino que, además de financiado en parte con fondos públicos, debiera ser compartido por toda la cadena productiva y de consumo, de manera que resulte una carga menos onerosa en su distribución. Lo que no puede ser de recibo es la permisividad administrativa en estas cuestiones de algunas administraciones irresponsables, por la vía de la ineficacia o inexistencia de control. Pero para hablar de todo esto y de lo que haya de otros planes, programas y proyectos en el texto que se tramita, como el contrato territorial de zona y las directrices de ordenación rural, habrá mejor ocasión.

Víctor Manteca

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